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Quedan menos de cuatro años para que expire el plazo de la Agenda 2030 y el balance global actualmente no es del todo positivo, según el informe sobre los ODS en 2025 de Naciones Unidas, solo el 35 % de los ODS muestran avances claros o moderados, casi la mitad presenta un progreso insuficiente y un 18 % retrocede respecto a 2015.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado los conflictos armados, las desigualdades, la crisis climática y la tecnología fuera de control como los cuatro retos que pueden «en el mejor escenario, poner en peligro la Agenda, y en el peor, nuestra propia existencia». La propia Estrategia de Desarrollo Sostenible revisada recoge esta formulación y la toma como punto de partida.
El 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, el documento que articula cómo España quiere implementar los ODS en su territorio hasta el final de la década. No es un arranque desde cero: actualiza la estrategia aprobada en 2021, incorporando las aportaciones del último Examen Nacional Voluntario presentado ante Naciones Unidas en 2024 y adaptando el diagnóstico a una realidad que ha cambiado de forma acelerada desde entonces.
La estrategia no parte de cero: parte del reconocimiento de que, con cinco años por delante, la ambición ya no es el problema; la ejecución sí.
100 metas, cuatro retos-país
La estrategia revisada estructura sus compromisos en 100 metas concretas articuladas en torno a cuatro grandes retos-país. La arquitectura refleja una elección deliberada: abandonar el lenguaje programático genérico para adoptar el de las metas verificables con indicadores cuantificables y plazos definidos.
El primer reto-país
Un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad
Incluye metas como suprimir la pobreza infantil severa mediante una prestación universal por crianza para el 100 % de las familias con hijos, y reducir la tasa AROPE (acrónimo europeo para el riesgo de pobreza o exclusión social, por sus siglas en inglés) en un 10 % por debajo de la media de la UE, priorizando familias monoparentales.
El punto de partida es mejor que hace cuatro años: la carencia material severa descendió al 8,3 % y el Ingreso Mínimo Vital protege hoy a casi dos millones y medio de personas, según los datos recogidos en el propio documento oficial.
El segundo reto-país
Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental
Pone el foco en la descarbonización y el empleo digno.
La meta climática central es intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32 %. En economía circular, la estrategia fija es reducir el consumo nacional de materiales en un 30 % respecto al PIB y elevar al 60 % la tasa de preparación para reutilización y reciclado de residuos municipales para 2030 —un objetivo exigente si se tiene en cuenta que España llegó a ese año de referencia con una tasa del 42,9 %, por debajo del objetivo europeo del 55 %.
La transición hacia modelos de economía circular sigue siendo una asignatura pendiente tanto para la política pública como para las empresas.
El tercer reto-país
Una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática y ambiental
Aborda simultáneamente la despoblación rural, la adaptación climática y la gestión de los recursos naturales. La estrategia fija como objetivo reducir en un 5 % la tasa de municipios que pierden población, un reto estructural que afecta especialmente al interior peninsular.
El documento reconoce un dato de inflexión: desde 2018, los municipios de menos de 5.000 habitantes han ganado 163.027 personas en términos netos. Ese saldo positivo se explica en buena parte por la inmigración: el saldo migratorio acumulado en esos mismos municipios entre 2018 y 2024 fue de 447.667 personas —sin ese flujo, el vaciamiento habría continuado.
El cambio de tendencia existe, pero es frágil y dependiente de factores que el Estado no controla del todo. En este reto se integra también la protección de ecosistemas, en un contexto en el que el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático confirmó en 2025 que siete de los nueve límites planetarios han sido ya superados, entre ellos el cambio climático y la integridad de la biosfera —una presión que, como muestra el análisis de qué zonas de España serán inhabitables en 2050, tiene una traducción territorial muy concreta sobre Andalucía, la meseta central y el litoral mediterráneo.
La gestión del agua atraviesa transversalmente todo este reto, la agricultura representa aproximadamente el 80 % del consumo hídrico en España, y la reforma de la Ley de Aguas incorporada al PRTR busca adaptar la planificación hidrológica a los nuevos riesgos climáticos; la escasez hídrica y su distribución territorial desigual es uno de los condicionantes estructurales más relevantes de este reto-país.
El cuarto reto-país
Vidas libres, iguales y en comunidad
Centra sus metas en la brecha salarial de género, el acceso a la vivienda, la inclusión de personas migrantes y la protección frente a la discriminación. La meta sobre igualdad de género es precisa cuando habla de reducir la brecha salarial al 10 % para 2030, partiendo de un 15,7 % registrado en 2023 —el mayor descenso de la última década, según la Encuesta de Estructura Salarial.
La meta sobre vivienda es la más ambiciosa en términos de inversión, pretende triplicar el presupuesto hasta los 7.000 millones de euros en cuatro años para alcanzar el 5 % de vivienda en alquiler social.
El documento también recoge datos que ilustran la profundidad de algunas brechas como la tasa de paro entre mujeres gitanas que alcanza el 60,4 %, frente al 16,2 % en mujeres no gitanas; y en 2024 más de 350.000 mujeres trabajaban a tiempo parcial por motivos de cuidados frente a solo 33.000 hombres.
¿España aprueba o suspende?
España ha escalado 16 posiciones en el ranking ODS en nueve años. La puntuación, sin embargo, lleva dos años prácticamente estancada en 81 sobre 100.
El Informe sobre Desarrollo Sostenible 2025 de la SDSN sitúa a España en el puesto 14 de 167 países, con una puntuación de 81 puntos —tres por encima de la media regional europea— y un aumento acumulado de 2,7 puntos desde 2015. La propia estrategia revisada recoge estos datos, aunque los matiza: es la segunda vez consecutiva que España se estanca en el mismo puesto, y la mejora respecto a 2024 es de apenas tres décimas.
El diagnóstico que hace el documento oficial es claro sobre los puntos débiles. España presenta retos significativos en:
- La seguridad alimentaria y los sistemas agroalimentarios sostenibles (ODS 2)
- La producción y el consumo responsables (ODS 12)
- La acción climática (ODS 13)
- La protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15)
- Y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas (ODS 17)
Los análisis independientes de REDS-SDSN España añaden que para ciertos ODS la mejora de posición en el ranking responde al retroceso de otros países, no a avances propios.
Lo que sí aparece verificado como logro pleno es el ODS 5 (igualdad de género), el único de los 17 que la SDSN da por alcanzado en España desde 2024. Pero la convivencia de ese reconocimiento con una brecha salarial del 15,7 % y una tasa de paro femenino estructuralmente superior a la masculina ilustra la distancia entre el índice agregado y la experiencia concreta: el ODS 5 se mide con decenas de indicadores y el avance en algunos compensa el estancamiento en otros. Es una advertencia metodológica que vale para todos los ODS del perfil español.
El contexto internacional que lo complica todo
La estrategia revisada es también un ejercicio de contextualización. Su primer capítulo sitúa el documento en una cadena de hitos recientes que definen las condiciones del tramo final de la Agenda 2030.
La COP30 de Belém, celebrada en noviembre de 2025, acordó la movilización de 1,3 billones de dólares anuales para los países en desarrollo, el refuerzo de las contribuciones determinadas a nivel nacional con planes claros hasta 2035 y la creación de un mecanismo específico para la conservación de la Amazonía.
La IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla en julio de 2025 con España como anfitriona, abordó la reforma de la arquitectura financiera global, la lucha contra flujos financieros ilícitos y la movilización de recursos para los ODS. Ambos eventos forman parte del marco en el que España sitúa su hoja de ruta actualizada.
Con siete de los nueve límites planetarios ya superados, los ODS ambientales ya no son una aspiración de largo plazo, son una respuesta a una emergencia en curso.
Para España, el contexto europeo añade capas de complejidad. La negociación del paquete Ómnibus —que revisa el calendario de aplicación de la CSRD y otras directivas de sostenibilidad corporativa— refleja que incluso en la UE la velocidad del marco regulatorio es objeto de disputa activa. Y la tensión entre ambición climática y competitividad industrial sigue sin resolverse ni en Bruselas ni en Madrid.
Lo que la estrategia deja abierto
Una estrategia de 100 metas tiene la virtud de la concreción, pero también sus límites. El documento aborda explícitamente la gobernanza multinivel. Reconoce que más de dos tercios de los ODS dependen de su ejecución por gobiernos locales y autonómicos, y que la estrategia nacional solo puede comprometer directamente lo que el Gobierno central controla.
El Consejo de Desarrollo Sostenible —órgano asesor con participación de sociedad civil, academia y sector privado— ha señalado en sus informes que este sigue siendo el principal cuello de botella para la coherencia en la implementación.
La financiación es el otro nudo sin resolver del todo. La estrategia contempla alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con los fondos estructurales europeos, pero no despeja la pregunta sobre la sostenibilidad de los compromisos cuando esos programas comiencen a cerrarse.
Y el ODS 17 —que incluye el compromiso de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo— sigue siendo uno de los objetivos más rezagados del perfil español.
Qué hace falta para que no sea solo un papel
Las estrategias de desarrollo sostenible tienen un historial mixto en todo el mundo. El riesgo conocido es el del documento ambicioso que no encuentra mecanismos efectivos de ejecución. La pregunta relevante, entonces, no es si los objetivos son los correctos —en buena medida lo son— sino si existen los mecanismos de seguimiento, presupuestación y coordinación para conseguirlos.
El análisis de REDS-SDSN España identifica tres palancas clave:
- Coordinación interterritorial efectiva
- Presupuestación alineada con los ODS
- Sistemas de seguimiento con datos abiertos y verificables
La estrategia revisada incorpora un sistema explícito de coherencia de políticas de desarrollo sostenible (CPDS) con ocho herramientas que cubren desde la coherencia normativa y el alineamiento presupuestario hasta la contratación pública sostenible, la formación de empleados públicos, la evaluación de impacto intergeneracional y la rendición de cuentas ante organismos internacionales.
No es un listado retórico: cada herramienta tiene un ministerio o agencia responsable asignado. Si funciona en la práctica es lo que los próximos informes voluntarios ante la ONU revelarán.
España llega a este tramo final con más capital institucional del que tenía en 2015: posición sólida en el ranking global, una sociedad civil activa en el seguimiento de los ODS y una estructura de gobernanza participativa en torno a la Agenda 2030. Lo que queda por demostrar es que ese capital se traduce en acción coordinada cuando los compromisos se vuelven concretos, costosos y políticamente incómodos.
