El Banco Central Europeo pone precio al riesgo climático y medioambiental

El riesgo climático y medioambiental en la banca ha dejado de ser una cuestión reputacional para convertirse en un factor clave en la concesión de créditos, la valoración de garantías y la gestión del riesgo. El Banco Central Europeo impulsa un nuevo modelo en el que el clima y la naturaleza influyen cada vez más en las decisiones financieras de las entidades


El Banco Central Europeo identifica un salto en la gestión de los riesgos climáticos y medioambientales en la banca. Las entidades han pasado del discurso verde a incorporar estos factores sobre el crédito, la estrategia, los precios y el capital.

Durante años, hablar de cambio climático en el sector bancario parecía una cuestión más vinculada a la reputación que al núcleo del negocio financiero. Ese enfoque ha cambiado. 

El nuevo compendio de buenas prácticas del Banco Central Europeo (BCE) muestra que los riesgos climáticos y de naturaleza ya se están integrando en aspectos esenciales de la actividad bancaria, como pueden ser la estrategia, la concesión de crédito, la valoración de garantías, la medición de pérdidas y las necesidades internas de capital.

¿A qué nos referimos con los riesgos climáticos y medioambientales en la banca?

Antes de abordar los resultados y las implicaciones del informe del BCE es necesario catalogar este tipo de riesgos. 

Cuando el Banco Central Europeo habla de riesgos climáticos y medioambientales no se refiere únicamente a la posibilidad de que una entidad financiera tenga una imagen más o menos sostenible. El concepto es mucho más amplio y afecta directamente al negocio bancario. 

Dentro de este concepto se identifican todos aquellos factores relacionados con el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua o el deterioro de los recursos naturales que pueden acabar generando pérdidas económicas para los bancos, ya sea de forma directa o a través de sus clientes.

El riesgo más conocido: el climático

En el caso del riesgo climático, suelen distinguirse dos grandes vías de afectación. 

La primera es el riesgo físico. Es decir, el impacto que pueden tener fenómenos como inundaciones, sequías, incendios, tormentas, olas de calor o la subida del nivel del mar sobre viviendas, fábricas, explotaciones agrarias, infraestructuras o cadenas de suministro. 

Si una empresa financiada por un banco sufre daños recurrentes por eventos extremos, puede reducir sus ingresos, aumentar sus costes y tener más dificultades para devolver sus préstamos. 

Del mismo modo, si una vivienda hipotecada se encuentra en una zona cada vez más expuesta a inundaciones, el valor de esa garantía puede deteriorarse.

La segunda vía es el riesgo de transición. Este aparece cuando la economía se adapta a un modelo menos intensivo en carbono. Nuevas regulaciones, impuestos ambientales, cambios tecnológicos, restricciones a determinadas actividades o modificaciones en las preferencias de consumidores e inversores pueden alterar la rentabilidad de sectores enteros. 

Una empresa muy dependiente del carbón, del petróleo o de tecnologías intensivas en emisiones puede ver cómo su modelo de negocio pierde valor con rapidez si no cuenta con un plan creíble de adaptación. Para el banco que la financia, ese proceso se traduce en mayor riesgo de crédito.

La novedad del BCE: riesgo ambiental

Junto a estos riesgos climáticos, el BCE está prestando cada vez más atención a los riesgos relacionados con la naturaleza. Aquí entran fenómenos como la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la deforestación, la contaminación o la presión sobre recursos hídricos. 

Aunque suelen ser más difíciles de medir que las emisiones de gases de efecto invernadero, sus efectos pueden ser igual de relevantes. Sectores como la agricultura, la construcción, el turismo, la industria o el inmobiliario dependen en mayor o menor medida de ecosistemas sanos, disponibilidad de agua, suelos fértiles o estabilidad ambiental.

Impacto en el sector bancario

Para el sector bancario, la implicación principal es que estos riesgos no forman una categoría aislada, sino que atraviesan los riesgos tradicionales y se pueden convertir en: 

  • En riesgo de crédito, si un cliente pierde capacidad de pago.  
  • En riesgo de mercado, si determinados activos pierden valor.  
  • En riesgo operacional, si una inundación afecta a oficinas, sistemas o proveedores.  
  • En riesgo reputacional, si la entidad financia actividades ambientalmente controvertidas.  
  • En riesgo legal, si surgen litigios relacionados con daños ambientales, información engañosa o incumplimiento normativo.

Por eso, la gestión de estos riesgos obliga a los bancos a cambiar su forma de analizar el negocio. Ya no basta con mirar balances históricos, garantías actuales o ratios financieros convencionales.

Es necesario incorporar información sobre localización de activos, exposición a fenómenos extremos, planes de transición de los clientes, consumo de recursos naturales, cobertura aseguradora, emisiones financiadas, políticas sectoriales y escenarios de largo plazo. 

Por ello, el análisis bancario se vuelve así más prospectivo. Ya no solo se pregunta sobre la salud financiera de una empresa, sino cómo resistirá en una economía condicionada por el cambio climático y la degradación ambiental.

La consecuencia final es que el clima y la naturaleza empiezan a influir en decisiones muy concretas, tales como: 

  • A quién se concede crédito. 
  • Con qué condiciones. 
  • A qué precio. 
  • Con qué garantías. 
  • Con qué límites de exposición. 
  • Con qué necesidades de capital. 

La sostenibilidad deja de ser un elemento decorativo y se convierte en una variable financiera. Para la banca, ignorar estos riesgos ya no significa mantenerse neutral, sino asumirlos sin medirlos.

La banca europea da un paso al frente

El BCE recoge en el documento Good practices for climate and nature risk management las observaciones acumuladas por el supervisor europeo durante cinco años, entre 2020 y 2025.

En ese periodo, el BCE pasó de publicar una guía de expectativas sobre riesgos climáticos y ambientales a exigir a las entidades evaluaciones de materialidad, integración de estos riesgos en la gobernanza y la estrategia, y su incorporación a pruebas de resistencia y procesos internos de capital. 

La comparación entre 2022 y finales de 2024 resume bien el cambio:

  • En 2022, una cuarta parte de las entidades analizadas no tenía prácticas implantadas para gestionar riesgos climáticos y de naturaleza. Solo un 3 % presentaba prácticas consideradas líderes. 
  • A finales de 2024, la situación se había invertido parcialmente: las entidades sin prácticas caían al 5 % y las que contaban con prácticas líderes ascendían al 56 %.

El avance es notable, aunque debe leerse con prudencia. El BCE aclara que esta clasificación no mide el porcentaje de activos cubiertos, sino la existencia de prácticas de determinado nivel para al menos algunas exposiciones. 

Es decir, un banco puede aparecer como avanzado porque ha desarrollado una herramienta sofisticada para una parte concreta de su cartera, aunque todavía tenga trabajo pendiente para extenderla al conjunto de su actividad. Sin embargo, es lógico pensar que, si las entidades financieras han desarrollado diversas herramientas para afrontar este tipo de riesgos, las utilizarán cada vez con más frecuencia.

Gráfico 1. Madurez de las prácticas de gestión de riesgos climáticos y de naturaleza. En porcentaje. 

Del escaparate al corazón

Una de las principales conclusiones del BCE es que el riesgo ambiental ha dejado de estar en la periferia de las prioridades de las entidades. Ya no se limita a memorias de sostenibilidad o a productos etiquetados como verdes. 

Las buenas prácticas identificadas muestran que los bancos más avanzados están llevando estos riesgos al centro de sus decisiones.

Este cambio altera la forma tradicional de entender el negocio bancario. Una entidad no solo evalúa si una empresa puede devolver un préstamo según sus ventas, su deuda o su rentabilidad.

También empieza a preguntarse si esa empresa depende de una tecnología que puede quedar obsoleta, si opera en una zona expuesta a inundaciones, si su cadena de suministro depende de recursos naturales vulnerables o si su plan de transición es creíble.

Visión a largo plazo

Uno de los ejes centrales es la planificación prudencial de la transición. Dicho de forma sencilla, se trata de que los bancos no esperen a que el riesgo se materialice, sino que anticipen cómo cambiará la economía en los próximos años. 

La transición hacia actividades bajas en carbono afectará de forma desigual a sectores como la energía, el transporte, el acero, el cemento, la aviación o el inmobiliario.

Las entidades más avanzadas conectan varios elementos entre los que se encuentra la evaluación de materialidad, objetivos estratégicos, apetito de riesgo, indicadores clave y herramientas de gestión. Esto se puede englobar en cuatro etapas: 

  1. Primero identifican dónde están sus exposiciones más sensibles. 
  2. Después fijan objetivos, por ejemplo, reducir la intensidad de emisiones financiadas en determinados sectores. 
  3. A continuación, traducen esos objetivos en límites, umbrales de alerta o presupuestos de carbono por la línea de negocio. 
  4. Finalmente actúan: ajustan la cartera, dialogan con clientes, ofrecen financiación de transición o restringen nuevas operaciones.

El control que activa la alerta

La novedad no está solo en fijar metas a 2030 o 2050, sino en controlar si la cartera se mueve en la dirección adecuada

Algunas entidades utilizan indicadores clave de riesgo, conocidos como KRI (key risk indicators), para comprobar si la intensidad de emisiones de sus exposiciones sigue la trayectoria prevista. 

Cuando la intensidad supera el umbral definido, se activa una alerta interna y puede abrirse un proceso de revisión que lleva a la entidad a debatir internamente si debe seguir financiando a esa empresa, al presentar una senda de carbono que diverge de forma significativa de la establecida en sus objetivos de descarbonización.

Este tipo de herramientas refleja el paso desde una sostenibilidad declarativa a una lógica de control en sus sistemas de gestión medioambiental. 

No basta con anunciar una cartera alineada con la transición. Hay que definir con qué métrica se mide, cuál es la senda esperada, qué desviación se considera relevante y qué decisiones se toman si aparecen incumplimientos.

Gráfico 2. Ejemplo de un KRI que permite seguir la alineación de la intensidad de emisiones de las exposiciones con la trayectoria de transición de la entidad.

El cliente, bajo lupa

La integración transversal de la política de gestión de los riesgos climáticos y medioambientales ha situado al cliente como una pieza central en la gestión ambiental bancaria. No basta con clasificar sectores como verdes o marrones. Dos empresas del mismo sector pueden tener riesgos muy distintos si una cuenta con un plan de transición sólido y otra no o el propio desempeño tecnológico. 

Por eso, las buenas prácticas prestan atención a los planes de transición de los clientes

  • Qué objetivos tienen.
  • Qué inversiones prevén.
  • Qué tecnologías usarán.
  • Qué hitos intermedios han fijado.
  • Cómo van a financiar el cambio.

Este enfoque tiene consecuencias prácticas para el sector financiero. Un banco puede mantener la relación con un cliente intensivo en emisiones si considera que su transición es creíble y financiable.

También puede condicionar nuevos préstamos a inversiones concretas, ofrecer productos ligados a objetivos de sostenibilidad o exigir medidas de adaptación frente a riesgos físicos.

En cambio, si tras un periodo de diálogo el cliente no demuestra capacidad o voluntad de adaptación, algunas entidades prevén reducir exposición o no renovar contratos.

La importancia del escenario

La elección del escenario de referencia tiene consecuencias directas e importantes. No todos los escenarios internacionales exigen el mismo ritmo de reducción de emisiones, ni todos implican el mismo nivel de ambición. 

Una entidad puede fijarse objetivos muy distintos según utilice una senda más exigente o gradual, y las especificaciones regionales pueden modificar el esfuerzo requerido.

Este punto es importante porque a menudo el debate sobre compromisos climáticos se formula de manera genérica. Sin embargo, detrás de cada objetivo existe una hipótesis técnica sobre cómo debe evolucionar cada sector. 

Algunas entidades han revisado los escenarios utilizados porque entendieron que los anteriores no eran plenamente coherentes con sus compromisos de neutralidad climática. Dicho de otro modo: no todos los objetivos net zero significan lo mismo si parten de supuestos distintos.

No todos los objetivos net zero significan lo mismo si parten de supuestos distintos

Gráfico 3. Ejemplo de trayectorias de reducción de emisiones para centrales eléctricas de carbón en los escenarios IEA SDS e IEA NZE 2050 (incluida la especificación regional de la UE en el escenario IEA SDS).

Fuente: elaboración propia a partir del BCE (2026). 

Del análisis al precio del dinero

El paso de mayor importancia es cuando los riesgos climáticos y medioambientales afectan al precio, las provisiones y el capital

El BCE muestra prácticas sobre integración de riesgos climáticos y de naturaleza en la fijación del precio de los préstamos, la valoración de garantías, el cálculo de pérdidas esperadas y la evaluación interna de capital.

Esto significa que un cliente con mayor exposición ambiental, peor plan de transición o activos más vulnerables puede acabar enfrentándose a condiciones financieras diferentes.

Este punto marca la frontera entre la sostenibilidad como relato y la sostenibilidad como gestión bancaria. Si el riesgo se incorpora al precio, cambia el incentivo económico.

Las empresas con mejores planes, inversiones de adaptación o menor exposición pueden acceder a financiación en mejores condiciones. Las que no se adapten podrían ver encarecido o limitado su acceso al crédito.

Reflexión final 

El Banco Central Europeo ha logrado en pocos años transformar lo que inicialmente eran recomendaciones generales en un verdadero marco de actuación para el sector bancario. 

Las entidades han pasado de enfoques incipientes o meramente declarativos a incorporar los riesgos climáticos y de naturaleza en la gobernanza, la estrategia y, cada vez más, en la medición del riesgo y en la asignación de capital.

La evolución observada entre 2022 y 2024 refleja un avance significativo en la adopción de prácticas, así como una mayor sofisticación en las herramientas utilizadas.

Sin embargo, este progreso convive con retos relevantes. En muchos casos, las prácticas avanzadas siguen estando acotadas a determinadas carteras o tipologías de exposición, lo que muestra que la integración plena en el conjunto del negocio aún no está finalizada. 

A ello se suma la dificultad inherente a la medición de estos riesgos, especialmente en el ámbito ambiental, donde la disponibilidad, calidad y homogeneidad de los datos siguen siendo limitadas.

Otro desafío clave se encuentra en la capacidad de trasladar estos análisis prospectivos (basados en escenarios, trayectorias de transición y supuestos tecnológicos) a decisiones operativas consistentes y comparables. La diversidad de metodologías, así como la dependencia de hipótesis externas, introduce un grado de incertidumbre que las entidades deben gestionar con prudencia.

En este contexto, el siguiente paso consiste en consolidar su uso sistemático en la toma de decisiones. Esto implica integrar estos riesgos de forma coherente en todas las carteras, mejorar la trazabilidad de las métricas utilizadas y reforzar la conexión entre análisis, control y acción.

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